La última supervisión llevada a cabo por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ha puesto nuevamente en evidencia la magnitud y complejidad del problema del uso indebido de las licencias médicas en nuestro país. Esta problemática, que desde hace años ha sido un tema de debate tanto en el ámbito público como en el privado, revela cómo un sistema diseñado para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores se ve vulnerado por prácticas fraudulentas que generan un impacto devastador en las finanzas del Estado y en la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de otorgar estos beneficios.
Los datos que surgen de esta fiscalización son alarmantes y reflejan una tendencia que, si bien tiene raíces arraigadas en ciertas irregularidades, también revela un patrón sistemático de abuso y manipulación del sistema. La cantidad de trabajadores del sector privado que, tras obtener licencias médicas, se trasladan fuera del país, supera ampliamente las cifras reportadas en informes anteriores, sobre todo en el contexto de los funcionarios públicos, cuya problemática ha sido anteriormente más conocida y estudiada. La diferencia en las cifras no es trivial: se estima que las personas que utilizan este mecanismo para propósitos distintos a los planteados legalmente triplican las cifras anteriores, lo que sugiere que estamos frente a una realidad que requiere una atención
